¿Libertad para excluir o educación para todes?
Por: Matías Sembler y Alejandra Toledo / Publicado: 18.10.2020 El Desconcierto.
Durante los últimos años, la libertad de enseñanza ha estado en el centro del debate educativo. Su defensa ha sido utilizada por quienes se han opuesto a todas las medidas que han buscado avanzar hacia un sistema educacional más democrático e inclusivo.
La importancia que la actual Constitución le otorga a la “libertad de enseñanza” la ha convertido en una pieza clave del sistema educacional. Cuando nos encontramos ad portas de iniciar un histórico proceso constituyente, es indispensable que quienes apostamos por la democratización del sistema educativo sostengamos una posición contundente respecto al rol de la libertad de enseñanza en la nueva Constitución.
Debemos ser claros: defendemos la existencia de instituciones educacionales diversas, pero nos oponemos a la utilización de la libertad de enseñanza para mantener proyectos educativos excluyentes. Quienes nos identificamos como parte de la diversidad sexual hemos visto recurrentemente cómo se ha recurrido a la libertad de enseñanza para negarse a impartir educación sexual integral o a implementar prácticas antidiscriminatorias al interior de los establecimientos educacionales. Los sectores conservadores se han apropiado de la defensa del pluralismo y de la libertad en el debate educacional, a la vez que niegan el derecho a la educación a una importante cantidad de estudiantes.
Por una parte, sostienen que la libertad de enseñanza garantiza el pluralismo. Sin embargo, quienes defienden la existencia de proyectos educativos excluyentes desconocen el pluralismo existente al interior de las propias comunidades educativas. Actualmente, en las escuelas y liceos de nuestro país nos encontramos con una diversidad cultural, étnica, sexual y religiosa cada vez mayor. La diversidad de la sociedad no puede ser puesta al margen, tratándola sólo como una experiencia privada, o negarse, incurriendo en tratos discriminatorios hacia ciertas identidades. La escuela debe ser un lugar para aprender el valor de la igualdad en la diversidad, que es fundamental para la convivencia en democracia. Quienes apostamos por democratizar la educación, debemos asumir como propia la defensa del pluralismo, avanzando hacia comunidades educativas que comprendan su diversidad como una característica que las enriquece.
Por otra parte, argumentan que “la libertad de enseñanza resguarda la libertad de los padres de elegir el proyecto educativo para sus hijos”. Sin embargo, la libertad de les padres encuentra sus límites en otra libertad con la que convive en el espacio educativo: la libertad de les mismes estudiantes. La escuela debe ser el lugar en que les estudiantes puedan acceder a visiones de mundo distintas a las de sus familias y, a través de la crítica y de la reflexión, comiencen a explorar su libertad y a experimentar la vida en democracia. Esto es vital para el proceso de conformación de la identidad, sobre todo en una fase tan importante para el desarrollo personal. Quienes buscan negar que sus hijes puedan acceder a ciertos contenidos curriculares (como la educación en sexualidad y afectividad) están socavando sus libertades para elegir por sí mismos lo que quieren ser y defender. Perpetuar un modelo en que les padres encierran en una burbuja a sus hijes sólo afianza la segregación social y la desconexión entre las distintas realidades que cohabitan nuestro país, contribuyendo a que perduren el clasismo, el racismo, la homolesbotransfobia y otras manifestaciones de discriminación y estigmatización.
Solamente podremos garantizar la existencia de una diversidad de proyectos educativos, que valoren el pluralismo existente al interior de las comunidades educativas y que prioricen el desarrollo de la libertad de les estudiantes, si reconocemos que la libertad de enseñanza debe tener límites y mínimos establecidos: la garantía del derecho a la educación y el respeto ineludible de los derechos humanos. Ningún proyecto educativo en una sociedad democrática puede oponerse a la dignidad de las personas.
Los sectores conservadores han logrado instalar que la disyuntiva de la discusión educacional se encuentra entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Contra ello, debemos cambiar los términos del debate. En la nueva Constitución, la educación deberá ser un derecho fundamental, garantizado por el Estado, que tenga como horizonte el desarrollo humano integral y como fundamento la promoción de los derechos humanos, la democracia, la diversidad y la justicia social. Asegurando ese derecho es que podemos discutir democráticamente cuál será el grado de libertad de enseñanza y de capacidad regulatoria del Estado que tendrá la educación en nuestro país.
En las salas de clases se encuentran diversas historias, identidades y formas de ver el mundo. Quienes usan la libertad para excluir no están a la altura de nuestro país; les queda grande, y necesitan negar nuestra diversidad para sentirse a gusto. Ya no más. El proceso constituyente que Chile está viviendo nos otorga la posibilidad histórica de discutir qué país queremos construir y, por consecuencia, qué ciudadanos queremos formar a futuro. La educación pública y su calidad deben volver a ser nuestra prioridad, puesto que será la mejor forma en la que juntos podremos redirigir el rumbo de nuestro país. Por una mejor democracia y una nueva ciudadanía, nueva Constitución y nueva educación para Chile.
Matías Sembler es investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Alejandra Toledo es fundadora de la Fundación Acuarela.